El Impacto Ambiental de los Derrames de Hidrocarburos en Comodoro Rivadavia una historia vieja.
El impacto ambiental de los derrames de hidrocarburos en Comodoro Rivadavia es una realidad arraigada. En una ciudad conocida como la “Capital Nacional de Petróleo”, donde el desarrollo urbano crece junto a la explotación de pozos petroleros, los derrames de petróleo son más comunes de lo que quisiéramos imaginar.
Recientemente, se hizo público un incidente de contaminación ambiental por un derrame de hidrocarburos en la zona de Cañadón La Francesa dentro de nuestro ejido urbano, lo que llevó a la intervención primero de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad y luego de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Esta noticia pone en evidencia nuevamente una problemática recurrente. Desde la Comisión de Ambiente, consideramos crucial abordar con un análisis jurídico integral, la situación actual que enfrentamos quienes ejercemos esta rama del derecho.
Responsabilidades concurrentes.
Cuando ocurre un impacto ambiental así, se activan varias esferas de responsabilidad. Primero, se pueden imponer multas por infracciones administrativas después de un sumario, que generalmente son cobradas por el municipio o la provincia, dependiendo de las normativas incumplidas, son escasas las oportunidades en que estas multas se destinan a los bolsillos de los damnificados o a la reparación misma del daño ambiental.
Además, este tipo de derrames puede constituir un delito penal según la Ley de Residuos Peligrosos, ya que los hidrocarburos están entre los residuos considerados peligrosos, es por ello que quien contamine el aire, el agua, el suelo o el ambiente de manera peligrosa para la salud puede enfrentar sanciones, especialmente si la contaminación fue resultado de negligencia o imprudencia, lo que generalmente implica que los directivos de las compañías petroleras asuman la responsabilidad penal.
Estos incidentes, que tiñen de negro el suelo y afectan plantas y mascotas, también generan responsabilidad civil. Bajo el principio de no dañar a otros (neminem laedere), aquel que cause un daño injusto está obligado a repararlo, ya sea restaurando el ambiente afectado o compensando económicamente a los afectados. Sin embargo, esto suele ser un proceso largo y costoso, donde los afectados deben luchar durante años para obtener justicia.
El derecho a un ambiente sano es un derecho colectivo reconocido en la Constitución Nacional, tratados internacionales y normativas locales como la Constitución del Chubut, el Código Ecológico de la ciudad y la Carta Orgánica Municipal. Aunque contamos con un marco legal robusto, la pregunta clave es cuánto se aplica realmente de estas normativas.
En el ámbito del derecho ambiental, rige el principio de «contamina y paga». Esto significa que la restauración ambiental es la primera medida exigible para reparar el daño causado. Si no es posible restaurar completamente el ecosistema afectado, se debe compensar adecuadamente a los afectados. Los beneficiarios de estas compensaciones pueden ser propietarios de terrenos contaminados, dueños de mascotas afectadas o residentes cuyos jardines se vieron perjudicados. En áreas de dominio público municipal, la compensación corresponde al Estado.
Los desafíos del litigo ambiental.
Es esencial determinar el grado de responsabilidad de los autores de estos incidentes: si hubo negligencia o dolo, si era previsible que ocurriera tal situación o si fue un evento imprevisible que no pudo evitarse. El Código Civil y Comercial establece claramente el deber de prevenir el daño, obligando a los responsables a tomar medidas para evitar que el daño se agrave.
Es urgente mejorar los controles de cumplimiento ambiental para prevenir estos incidentes, ya que los sistemas actuales de responsabilidad administrativa, penal y civil a menudo llegan tarde y son insuficientes para restaurar completamente el daño ambiental.
Cuando el daño ya está hecho, es crucial que los profesionales del derecho ambiental encontrar en el Poder Judicial equipos que tengan herramientas técnicas necesarias para abordar estos casos de manera efectiva y multidisciplinaria. La investigación de estos delitos, que impactan tanto a las generaciones presentes como futuras, debe ser sistemática y estandarizada, con criterios de actuación claros como la implementación de protocolos específicos o la creación de unidades fiscales especializadas.
Trabajar en colaboración con el poder judicial es fundamental para proteger y defender nuestro ambiente. Todos tenemos el derecho a un ambiente sano y el deber ético de cuidarlo. Como profesionales, estamos llamados a arbitrar los medios necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, en línea con el Acuerdo Regional de Escazú (Art. 8).
Dres. Matías Álvarez; Sonia Ivanoff; Ma. José Quintana